El vicegobernador Osvaldo Jaldo (foto) reivindicó ayer “la facultad del Poder Legislativo para pedir informes” a otros órganos del Estado cuando las circunstancias lo requieran. Lo dijo en el marco de la polémica por la difusión de la nómina de un centenar de causas en las que intervino el juez del Tribunal de Impugnación Enrique Pedicone, como integrante de la ex Cámara de Apelaciones en lo Penal. “Esta mañana recibimos la contestación a nuestro requerimiento por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Claudia Sbdar) en la que responde referenciándose a la nota enviada por el vocal Daniel Leiva. Esto demuestra que el Poder Legislativo obró dentro de las facultades constitucionales y legales que le competen”, interpretó Jaldo. El vicegobernador anticipó a LA GACETA que la cámara legislativa formulará nuevas solicitudes en un futuro.
En el escrito firmado por Sbdar que ingresó por mesa de entrada de la Legislatura la presidenta del cuerpo menciona las actuaciones relativas al pedido de informes enviado por la Legislatura sobre los casos resueltos por Pedicone, lo que había generado reparos por parte del Colegio de Abogados y de la oposición. Según esta mirada, la solicitud de datos por parte del cuerpo legislativo implicaba una posible intromisión de poderes. Jaldo niega esa hipótesis. Leiva, mientras tanto, ya había girado los datos en cuestión a la sede parlamentaria.
“Atendiendo a que la referida contestación surge que el doctor Daniel Leiva ya ha contestado la nota que le fuera remitida el 4 de septiembre por el presidente subrogante de la Legislatura y por los presidentes de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Seguridad y Justicia, y a que la información solicitada ha adquirido estado público, el pedido formulado (...) en la nota recibida el 4/9/2020 se ha tornado abstracto”, señala la nota rubricada por Sbdar.
Cabe recordar que Pedicone denunció a Leiva por un supuesto intento de influir en su labor en la causa penal por presunto abuso sexual en contra del legislador republicano Ricardo Bussi. Según el juez el vocal del máximo tribunal lo instó en nombre del gobierno provincial a “manejar la intensidad” del proceso, con el objetivo de que Bussi se mantenga “funcional” al oficialismo. Pedicone dio a conocer los audios y el vocal niega su validez.